Por: Natalia Bedoya Alcaraz

Parece que lo oscuro del agua en Putumayo solo lo ven campesinos, afros e indígenas; los que sí la beben y la utilizan para bañarse, lavar, cosechar y criar animales. Parece imposible, pero es así: aunque la situación sea desbordante y urgente, ninguna autoridad competente la atiende. Por ejemplo,  el río Cocaya, que pasa por los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Caicedo, lleva años siendo contaminado por las petroleras y la minería ilegal, pero nadie dice nada, “¡Y qué cosa del destino tan preocupante! Porque es una vía nacional por la que pasan los entes de control, las fuerzas militares, Corpoamazonia, pero parece que nadie lo ve”, asegura una lideresa ambiental del territorio.

En el Putumayo, que es uno de los 10 departamentos que conforman la Amazonía colombiana, las afectaciones ambientales están, en su mayoría, conectadas con el agua, que es como estar conectadas con todo. Como lo expresaron los y las participantes de la tercera asamblea regional convocada por la Unión sindical Obrera (USO) en Cali, “el agua es el eje articulador de la vida”. Sin embargo, también hay otras problemáticas invisibles para unos y muy visibles para otros —aguas negras en el camino— que están vinculadas profundamente con los impactos negativos sobre la naturaleza, la economía y los derechos humanos en la región. 

Sobre ello, el movimiento social del departamento sostiene que los espacios citados por la USO son de los pocos escenarios en los que se está enunciando la situación y escuchando a las comunidades, y asegura que en el departamento hay un acumulado histórico en todos los sentidos: de olvido, incumplimiento y postergación de acuerdos. Así que, con miedo pero con mucha determinación, compartieron algunas de sus experiencias con Periferia (asumiendo el compromiso de no enunciar su identidad en los casos solicitados para no poner en riesgo su seguridad). 

Uno: ¿para quién aplica la ley?

La Texas Petroleum Company fue la empresa que empezó con la exploración y explotación petrolera en el Putumayo cerca al río Orito Pungo en 1942. 39 años después, en 1981, cedió la zona a Ecopetrol, que hoy tiene el total de los derechos y obligaciones del Convenio de Explotación Área Occidental del país suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Hace muchos años los afluentes de agua vienen siendo afectados por los desechos que genera esta industria, de la que además se lucraron y se lucran hoy por hoy los grupos armados, contribuyendo también ellos, en muchos casos, a la contaminación. 

La pregunta que se hacen los líderes y lideresas ambientales sobre este problema, al menos en lo que respecta a esa empresa “pública”, es qué está pasando con la autoridad ambiental de la región, Corpoamazonia, que parece que hiciera parte de los agentes que más generan daños medioambientales, al no “orientar”, “prevenir”, “mitigar”, “recuperar” o “regular los procesos de diseño y planificación del uso de territorio y de los recursos naturales” —como son algunas de sus funciones— frente a las acciones de Ecopetrol.

Por ejemplo, en la vereda Arizona-Puerto Caicedo, donde gracias a la concesión de permisos ambientales Ecopetrol pudo verter durante años residuos contaminantes provenientes de la Batería Mansoya en la quebrada Caño Chuzón, que desemboca al río Picudo, hoy hay un pozo profundo que surgió como “solución”, pero sólo trasladó el problema a futuro para la comunidad, pues aunque la quebrada esté limpia de nuevo, se mueve debajo de la tierra, como un secreto, la muerte. Antes de ese falso remedio, los pobladores habían manifestado altos índices de riesgo, que incluso llevaron al fallecimiento de un menor de edad. A pesar de ello, Corpoamazonia insistió innumerables veces en que “el agua estaba bien porque eso decían los estudios”. 

“No sé si es que ellos también son amenazados por los grupos al margen de la ley, o es que se hacen los de la vista gorda, o es que les pagan, no lo sé.  Desconozco sus motivos, pero nadie dice nada referente a la alta contaminación que hay en estos afluentes. Y, lamentablemente, Corpoamazonia se encuentra un campesino tumbando un árbol, porque necesitaba sacar un palo para acomodar su casa, y a él sí lo judicializan y lo mandan a la cárcel, porque para él sí aplica la ley”.

Dos: Mocoa está en riesgo

Como las afectaciones ambientales ligadas al agua están conectadas con todo, es latente la preocupación por la capital del departamento: Mocoa, municipio en el que ocurrió una avalancha en 2017 que dejó 335 muertos, 398 heridos y aproximadamente 200 desaparecidos. La avalancha, atribuida por muchos medios al cambio climático, dejó al pueblo en un estado del que aún no se ha podido recuperar; en el que se avanza más rápido en la exploración de un nuevo mineral, que en la reconstrucción de la ciudad y la reparación de las víctimas. Otras voces, más diversas y cercanas al territorio, plantean que en realidad el desastre sucedió por algo que hacía tiempo veían venir dada la imposición de la industria minero-energética en la región, la que aumenta el riesgo de las inundaciones y el deterioro del subsuelo. 

Este territorio es un enclave geográfico y biodiverso en el que confluyen la cordillera de los Andes y la cuenca Amazónica, ideal para la explotación de cobre que pretende llevar a cabo la compañía canadiense Libero Copper. Según el estudio Minería para la Transición Energética: Monografía sobre el caso de conflictividad por el proyecto de minería de cobre de Libero Copper en Mocoa-Putumayo, la historia del proyecto empezó entre 1978 y 1983 cuando Ingeominas y las Naciones Unidas descubrieron el potencial del yacimiento. Después, la canadiense B2Gold Corp continúo haciendo exploraciones del 2008 al 2012. Finalmente, en 2018, Libero Copper adquirió el 100% del proyecto de la empresa norteamericana, quedando con un estimado de 4.600 millones de libras de cobre que se puede extraer por 100 toneladas al año.

Al igual que El Roble en Chocó y Minera Quebradona en Jericó (Antioquia), el proyecto de Libero Copper en la capital del Putumayo hace parte de otras iniciativas que pretenden posicionar al país en el mercado global, impactando “positivamente” a la economía y al avance de la transición energética, que requiere intensivamente de este mineral. Pero lo crítico y preocupante es que los títulos mineros se superponen con zonas ambientalmente protegidas, bosques naturales, humedales e incluso con el complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy.

La misma Corpoamazonia, como lo denuncian líderes y lideresas, ha evitado cobrar la multa correspondiente a la empresa implicada por los daños causados al momento de la exploración. El año pasado murieron dos líderes ambientales que estuvieron al frente de las movilizaciones en contra del proyecto: Daniel Rivas, vocero de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Mecaya ATCAM, y Phanor Guazaquillo Peña,  líder indígena del pueblo Nasa 

“Después de eso, por todos los grupos de WhatsApp corrieron mensajes diciendo que todas las personas que veníamos en esta lucha del tema ambiental estábamos en peligro. Y esa es la realidad, en el departamento del Putumayo no se puede hablar de defensa de derechos humanos ni el tema de defender el medio ambiente”. 

A mitad de agosto se cayó el acuerdo 020 de 2018 elaborado por algunos concejales de pasadas administraciones en conjunto con el movimiento ambiental, que prohibía la mediana y gran minería en Mocoa, y defendía la protección del patrimonio ecológico del Municipio. Esta era la principal arma que tenían las comunidades, que aun sin ella siguen resistiendo, según lo manifestaron en la Asamblea Por la Paz de Cali.

Zuly Rivera, lideresa del pueblo nasa, integrante de  la coordinación dual de juventudes y de la mesa técnica de juventudes delegados de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, dice que duda de las pretensiones de la transición energética, y no la considera positiva ni cree que ofrezca garantías para el cuidado de la Amazonía. Lo que denuncia son los inconvenientes que ha tenido su comunidad para escuchar con confianza estos discursos después de que las multinacionales y las autoridades ambientales los han engañado y utilizado con “consultas previas” para conseguir licencias ambientales que se están dando incluso en áreas protegidas, como lo señala el mismo acuerdo anulado.  

“A nosotros como pueblo indígena nos han enseñado que no debemos de pensarnos como siempre lo han hecho los otros, que nos han encarcelado en resguardos, en cabildos, en  ciudades, sino que debemos vernos en todo un Putumayo, en toda una Amazonía y en toda una Madre Tierra. Justamente esos negocios verdes de los que se está hablando, en últimas qué garantías y qué propósitos es que traen, porque considero que todos esos proyectos son una manera de seguir robando a la Madre Tierra, a los pueblos indígenas y a todos en general; en un país que ha considerado que nosotros somos menos y nos quiere hacer ver eso, cuando en realidad acá tenemos todas las riquezas naturales”, expresa.  

En caso de que la transición energética se diera, ella exige que en las comunidades haya garantías reales desde esa palabra llamada “desarrollo”. “Necesitamos que baje a territorio el Gobierno del cambio” y se deje de hacer el de la vista gorda frente a los sectores sociales que lo han elegido.

Tres: hierba maldita, hierba bendita

Aunque las economías extractivas historicamente han estado presentes en el Putumayo, la realidad es que ha sido un territorio sobre todo cocalero. La siembra de coca sostuvo la economía del campesinado desde la “bonanza cocalera” de los ochentas, y ha estado presente hasta este año, en el que, por ejemplo, el departamento está atravesando una crisis económica por la caída en el precio de la hoja de coca, según cuentan los líderes y lideresas entrevistados. 

El bajo Putumayo es la zona que más ha sentido esta crisis. Orito, Puerto Asís, San Miguel, Villagarzón, entre otros, son municipios que han funcionado como corredores estratégicos para los grupos armados que transforman y comercializan la planta, y también, son frontera con los departamentos de Cauca y Caquetá, con los paises vecinos Perú y Ecuador.

La siembra de este monocultivo implica la deforestación y desincentiva las prácticas agrícolas en el territorio, ambas afectaciones ambientales y culturales íntimamente ligadas a las luchas que atraviesan al movimiento social. Por décadas, los campesinos “jaladores de hierba” fueron enjuiciados y señalados por venderla y “contribuir” a la problemática social del narcotráfico en un país que no les ofrecía nada más, como si no estuvieran siendo víctimas del conflicto armado interno y la disputa entre grupos armados por su territorio. 

El “acumulado histórico”, como lo llaman, empieza de hecho después de la gran marcha cocalera en 1996, en la que Putumayo participó con representaciones de nueve municipios y en la que se llegaron a algunos acuerdos sobre educación e infraestructura que llevan más de 28 años de incumplimiento, según personas que participaron en ella. El gobierno de entonces hizo caso omiso a la petición de las comunidades: suspender las fumigaciones aéreas que estaban afectando otros cultivos, destruían el suelo, la salud y la vida. De ahí en adelante, al campesinado le ha tocado solo. 

“En ese momento nosotros mirábamos la coca como hierba maldita, ahora no. Es una hierba bendita, al igual que todos los asuntos vegetales de la creación. El problema económico no es ese, no es la siembra de la coca, y está claro que esos planes de erradicación, de fumigación, fracasaron. Ahora le apostamos a la sustitución de la economía, nos gusta verlo desde esa perspectiva.”

Desde el Acuerdo de Paz de 2016, en el que se sugiere algo parecido, las comunidades están esperando que se den las condiciones dignas para vivir del chontaduro, del asaí, de la yuca, el plátano, el maíz y otros proyectos de economías alternativas que aportan a la protección y preservación del ecosistema. Sin embargo, ¿quién los ayuda?

“Que qué es entonces lo que necesita el campesino, primero, necesita vías, porque para sacar coca usted la coge en un bolso y se va a pie, pero para sacar 5 toneladas de chontaduro, por poner el ejemplo, usted necesita una vía, necesita quien le compre, necesita transformar ese producto. Muchas familias que hoy en día son cultivadoras de chontaduro, eran cultivadoras de coca y entraron al programa de sustitución. Pero, ¿qué ha pasado? Que ni en el departamento del Putumayo, ni en toda Colombia, ha habido una inversión real”. 

El movimiento social denuncia que la espera sigue incluso en este Gobierno, por el que tanto la gente apostó. A las demoras protocolarias, se le suma que la mayoría de familias del sector rural de la zona del medio y bajo Putumayo no tienen título de su predio, pues muchos fueron otorgados a las concesiones mineras. 

Cuatro: economías cuidadoras de vida

Según los liderazgos ambientales del departamento, en el Putumayo se han podido relacionar las nuevas ideas de sustento económico con el cuidado ambiental y la paz: “Cuando empiezo a ser consciente de que tengo que ordenar lo que voy a producir en mi finca alrededor del agua, de la tierra, la vida cambia”. 

Para ellos, si los campesinos tienen la oportunidad de producir, transformar y comercializar diferentes productos de pancoger que dan en el territorio, que no hacen parte de un mercado que le interese a los grupos armados que habitan el territorio, se estaría contribuyendo a la construcción de paz en el departamento. “No es quitarle las armas a los grupos al margen de la ley, porque si desarmo cinco, se van a armar diez. Si el campesino es ayudado en lo que está iniciando, en lo que está ya produciendo, pues es más fácil sacarlo de ese pensamiento, de ese ciclo de cultivador de coca que genera daños ambientales y que además fortalece el tema de la violencia en el territorio. Y al que no estaba en eso, de ver a los otros se antoja”. 

Para eso, según los voceros, se necesita inversión social, como ya lo hemos dicho, porque las ganas y el cariño por la tierra están. Por ejemplo, Alicia Rubiela Guapucal, que saluda sonriendo y se le achinan los ojos, hace cinco años declaró su finca El Paraíso como una reserva ambiental familiar. Allí nació, creció y luego salió desplazada por el conflicto armado en el 2006 hacia la vereda El Líbano-Orito, donde hoy tiene su casa. De eso no dice mucho, solo que de la noche a la mañana les dijeron que se fueran o los iban a matar, y entonces obedecieron. Después, fueron volviendo de poquito, primero sus padres que extrañaban la montaña, y luego ella, que al regresar hizo la declaración.

“Lo declaramos reserva porque hace parte del corredor del jaguar, que es un animalito manchadito muy lindo. Uno lo mira en la revista y es muy lindo, pero encontrarlo de frente debe ser un poquito aterrador”, dice y se ríe. También cuenta que allí habita el mono chorongo, que también está en vía de extinción; y el Tinamú, una ave con “la cabecita azulita, azulita y muy hermosa”. En El Paraíso tiene de todo sembrado. Además de gallinas, vacas, un caballo y amplio jardín, también reforestó dos hectáreas con árboles que “ya casi no se ven”: el cedro, el achapo, el granadillo, el guarango y el guayacán.

Rubiela hace parte del proyecto Guardianas del Agua de la Alianza Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, una red de más de 100 mujeres de 13 municipios que promueven la defensa consciente, organizada  y con enfoque de género del agua y la Amazonía en el Putumayo. Ella cuenta que antes no tenía tanto conocimiento sobre la conservación, pero desde hace siete años que se vinculó a la iniciativa ha podido convertirse en promotora ambiental y extender su conocimiento a otras mujeres, niños y niñas. Con sus cuatro hijos y su esposo intentan lo que muchos: cosechar orgánico en su propia tierra para vivir. No compra azúcar porque tiene caña, no compra café porque lo desgrana, y todo lo vende en el mismo municipio. Como una luz enciende la mirada y dice: “Mientras haya siembra, estaremos bien”.

Cinco: nació una Mesa por la Vida y la Paz en el departamento

Algunos entrevistados a la Asamblea Regional por la Paz de la USO también hacen parte de los 13 delegados del departamento del Putumayo que se dirigieron el 5 de marzo de este año a la ex-viceministra del interior, Lilia Solano, con la intención de instalar una mesa de diálogo y concertación de acuerdo entre el Gobierno y el movimiento social del Putumayo. Motivados por varios temas ignorados que hemos mencionado: la problemática ambiental, tal y como se ha descrito; la crisis económica y de derechos humanos ligada a la sustitución de cultivos de uso ilícito; la reconstrucción de Mocoa, aplazada hace más de 7 años; y un interés particular por el cumplimiento de los acuerdos y la participación de la sociedad civil en los diálogos actuales con los grupos armados que tienen incidencia en el territorio, que son principalmente el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera.

Cuatro meses después, el 5 de julio, en el último día que estuvo al cargo la funcionaria, se instaló la Mesa por la Vida y la Paz del Putumayo. A partir de ahí partieron los contratiempos que tienen detenida esta conversación con más de 86 organizaciones sociales que exigen respuestas.

“Hay una gran mayoría de organizaciones sociales que están a la expectativa de qué sucede, porque resulta que cuando se trata de discutir los temas del departamento del Putumayo, todo se está haciendo directamente desde Bogotá. No hay todavía la articulación necesaria de todas las organizaciones sociales para interpretar lo que el presidente quiere y lo que nosotros queremos, que es que el Gobierno nacional empodere a las organizaciones sociales. Nosotros necesitamos una interlocución directa de la mesa con la presidencia, con los ministerios y todas las entidades”, argumenta Edmundo. 

También, según Norberto, uno de los propósitos de la mesa es que esta no sea coyuntural, sino que sea una mesa permanente, que convoque a todo el activismo social para que juntos busquen soluciones colectivas y reales a las problemáticas. Para el tema medio ambiental, por ejemplo, dice que es urgente brindar garantías para los líderes y lideresas ambientales que se juegan la vida diariamente. Según Indepaz, hasta julio del 2024 iban 6 líderes asesinados en el departamento. Sobre el silenciamiento y el asesinato selectivo, ellos expresan que muchos líderes han seguido denunciando, pero de una manera “más  clandestina”. Se han venido comunicando con senadores o funcionarios del Ministerio de Ambiente para  contarles las problemáticas y peligros que afrontan, poniendo en conocimiento de ellos lo que no pueden decir en un medio público, o en un escenario donde los graben, pues sería una condena. 

Por último, en materia de transición energética, Euler Guerrero, desde una perspectiva personal, hace un llamado a que se cumpla con lo que se profirió en la Sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia en 2018, que dice que en temas de transición todo se realice por fuera de la Amazonía. “Hablar de que hay procesos amigables con la naturaleza o con el medio ambiente es una mentira. Cuando llegan es prácticamente a arrasar con todo, por eso creo que desde la mesa nos acogemos a lo que dice la sentencia”.