Por: Natalia Bedoya Alcaraz

Como una serpiente gigante, el río Magdalena fluye a través de aproximadamente 20 de los 32 departamentos de Colombia. Muchas veces acompañado de casas y chozas, barcos, canoas y puentes. De animales como el lobo de río, el manatí, el tapir colombiano, el chigüiro, entre otros. De por lo menos 233 especies de peces de agua dulce: bocachicos, bagres, blanquillos, y nicuros, que se confunden a veces, como ya es público, con muertos. Si cualquiera se le pone enfrente y le mira atentamente, logra hundirse dentro de su movimiento y escuchar en el eco del silencio como él mismo cuenta su relato.

El proyecto paramilitar, que está profundamente ligado con el establecimiento y consolidación de la industria petrolera en el país —y viceversa—, hizo del Magdalena un contenedor de cuerpos humanos, de muertos que difícilmente, o nunca, fueron contados. Por eso, la historia cruda y violenta de conflicto armado vivida en ciudades como Barrancabermeja, son al mismo tiempo su historia. Como también lo son las amenazas constantes por derrame de crudo, responsabilidad de la “gran” empresa “pública” que resultó de ese negocio extractivo: Ecopetrol.

Allí, en la capital ribereña del Magdalena Medio, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de trabajadores más importante de la industria petrolera, anunció durante la última Asamblea Regional por la Paz realizada el 26 y 27 de octubre, su intención de que este afluente cumpliera un papel distinto en la transición energética justa de la que vienen hablando desde principios de año con las comunidades en diferentes regiones del país.

“Queremos ver al río Magdalena como sujeto de reparación, de conservación y de transformación. Que el río nos ayude en la transición, que sea motor de economías distintas al petróleo”, dijo uno de los asistentes.

De acuerdo con eso, el 18 de octubre realizaron la petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la mano de otras organizaciones sociales y ambientales como La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), de declarar al río Magdalena como sujeto de derechos, contando con el antecedente del río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, que fueron promulgados como tales en la Ley 2415 de 2024.

Camilo Sandoval, defensor de derechos humanos y abogado de CREDHOS, dice que como coordinadores de la participación de víctimas en el caso 08 de la JEP —en el cual se investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros—, también lideran el reconocimiento del río Magdalena y sus afluentes como víctimas del conflicto armado basados en dos investigaciones. La primera es una que se adelanta, según él, contra funcionales estatales que participaron en graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en sociedad con estructuras paramilitares y civiles en el Magdalena Medio. Y la segunda, los procesos de investigación que implican al exjefe paramilitar Ramón Isaza en los que se reconocen víctimas de Puerto Nare, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Olaya y Puerto Araujo.

La idea de nombrar el Magdalena como sujeto de derechos fortalecería ese reconocimiento también como víctima, pues implica una iniciativa legislativa que puede llegar a la mesa del Congreso de la República y materializarse en cosas concretas como la otorgación de derechos de conservación, rehabilitación y restauración que comprometen directamente al Estado y a las comunidades. En el caso del río Ranchería en la Guajira, dicha ley ordena crear una comisión de guardianes del río para que en un plazo máximo de dos años, junto a un equipo asesor construyan un plan de acción que pueda cumplir con esos objetivos.

“Se ha planteado la necesidad de nombrar al río como sujeto de derechos porque está articulado con las comunidades, porque es un sujeto vivo y porque ha sido impactado por la violencia y por el modelo de acumulación de capital que está íntimamente ligado a la concepción de conflicto que se ha desarrollado en el territorio. Dada la relación del río con las comunidades, es importante que la JEP reconozca que el río puede contarnos muchísimo sobre el conflicto. Hay una sensibilidad por parte de ellos, que la han expresado en la posibilidad de que se materialice este ejercicio y se pueda desarrollar un macrocaso para ello”, relata René Ayala, miembro de la ACVC.

Parece que el mensaje es muy claro: las comunidades no quieren más ríos muertos ni dispuestos para la muerte. Lo que la USO pretende es ir abriendo debates sobre cómo se puede rehacer ese vínculo, pues en caso de darse dicha dedicatoria, como lo expresa René, se necesitan esfuerzos muy específicos: “El río ha sido afectado. Poder reivindicarlo como sujeto de derechos le exige al Estado colombiano, le exige a la sociedad colombiana y le exige al gran capital entender la importancia de garantizar su vida, cómo recuperarlo, cómo desarrollar proyectos que articulen a las comunidades y restituyan de alguna manera las afectaciones que ha sufrido durante tantos años”.

Al día de hoy, la USO sólo ha podido hacer eso, poner el tema sobre la mesa, dado que “todavía no hay un pronunciamiento unificado con respecto al tema de transición energética”. Ninguno de sus delegados ha podido dar unas respuestas concluyentes a preguntas o debates que han surgido en las cinco Asambleas Regionales realizadas este año. En Barrancabermeja, por ejemplo, se planteó que no todos los trabajadores del petróleo están de acuerdo con la transición energética, ni se sienten incluidos en esa mirada sobre el futuro, ¿qué tanto peligro representas estas diferencias para los recursos naturales que históricamente han sido explotados? También se discutió si con aproximadamente el 90% de los trabajadores del petróleo con contratos a término fijo de 3 o 4 meses y sin vinculación directa con las empresas contratantes, ¿son posibles y contundentes las conversaciones sobre transición que hoy se plantea la USO?

Lo único que aseguran públicamente, según Carlos Gallón, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Paz del sindicato, es que efectivamente el río requiere una reparación y una conservación, y debería ser, en Barrancabermeja y demás comunidades a su alrededor, la base de su economía que, hasta hoy, ha estado ligada sólo a la minería y al petróleo.

“Nosotros pensamos que el río Magdalena debería volver a ser esa fuente por donde transiten los pueblos, pero también transite la economía; y que le dé paso a la transición energética que definitivamente va a ocurrir en la región, de manera que impacte social y económicamente a los pueblos y a las regiones. Que vuelva a recuperar esa importancia que tiene para nosotros, que vuelva a ser el río grande de la Magdalena. Ese río donde retumbe la alegría y retumbe la esperanza a favor de las comunidades y los pueblos”.

Algunos de los participantes en la Asamblea de Barrancabermeja dieron algunas pistas de cómo sería una verdadera transición energética popular: el modelo debe enfocarse en entender a las comunidades y sus matrices energéticas; los modelos tienen que ser más justos y menos homogenizadores; no se pueden hacer pilotos extractivos en territorios productivos; y que no les engañen más “cambiando los árboles por paneles solares”.

La desconfianza tiene justificación, “la transición va a ser con nosotros, sin nosotros, o por encima de nosotros”, mencionó otra participante. Yesid Vera, integrante del Congreso de los Pueblos, además sugirió dejar de ver a la naturaleza como un recurso: “Antes de plantear cómo vamos a transitar a otras energías, debemos pensar cómo vamos a cuidar de la naturaleza”.

Bajo ese panorama, la USO tiene no solo la responsabilidad de liderar una propuesta de transición energética real, sino también de aplicarla en relación con lo que las comunidades y el mismo Magdalena Medio están esperando de sí. “El río está íntimamente ligado a la historia de lucha de la USO, son cien años de la primera huelga obrera en 1924. Precisamente en este territorio de explotación petrolera donde se hicieron las primeras concesiones que se le entregaron a los grandes capitales, Infantas y la Cira fueron los primeros pozos petroleros. Allí hay una relación con el río. El movimiento obrero irrumpió articulándose a los braceros del río, a los trabajadores ferroviarios. Esa fue la génesis del movimiento obrero y tiene una indiscutible relación con el río Magdalena”, plantea René.

Para él, una bandera que debe ir de la mano con la petición a la JEP y las intenciones del sindicato, debe ser mantener el río como un eje no sólo económico sino también social, político y cultural por los procesos de permanencia históricos de las comunidades, que han desarrollado incluso modelos alternativos de producción donde el río es protagonista. “El río tiene esa dimensión. Tampoco se trata de impulsar proyectos donde el gran capital trasnacional siga siendo el inversor y determine el destino del río y siga siendo un canal para la comunicación de mercancías”, agrega.

Lo más difícil en este caso es la estigmatización que las mismas poblaciones viven, por ejemplo, de parte de quienes deben responsabilizarse de los cambios que pide a gritos el planeta y todavía no se dan. René explica que en muchos casos los obreros rurales son víctimas de un discurso que pretende construir una narrativa para señalar al campesino como responsable de la ampliación de la frontera agrícola, como un sujeto que devasta, degrada, deforesta, cuando realmente ha sido el modelo y la guerra quien lo ha obligado a sobrevivir en suelos donde incluso no es fructífera la agricultura.

Esta es una situación que puede ponerse aplicarse al interior del mismo sindicato. Giovanny Rivera, historiador e investigador de la USO, plantea que no sólo hay que situar la mirada sobre la naturaleza, sino que el tránsito también necesita de condiciones dignas para ser pensado: “¿Qué trabajador petrolero, con las condiciones de tercerización que vive, tendrá tiempo de pensar en la transición energética?”

Por otro lado, para Camilo Sandoval, las disposiciones que deben echar raíces haber al interior de la USO, de manera que sus discursos no se conviertan en un engaño para seguir en la explotación, como tiende a suceder en el modelo económico y político en el que vivimos, se resumen en una línea: soberanía para la seguridad energética y defensa de lo público.

“El modelo de venta y compra de acciones está encaminado a la privatización de la empresa Ecopetrol. Es falso que esto contribuya a la democratización. Este fue el modelo impuesto por personajes como Isaac Yanovich en la época del gobierno Uribe. Actualmente, Ecopetrol depende en muchos frentes de contratistas y entre comillas de aliados estratégicos que son multinacionales o transnacionales. Esto también hace que haya mucho trabajador y trabajadora en situación de tercerización laboral y debilita a la USO. En esa medida, es importantísimo fortalecer la empresa desde el ámbito de la inversión estatal, y que la USO con sus luchas, su historia y sus archivos aporte en la defensa de la soberanía y lo público, esas dos banderas son pilares para que el proceso de transición energética no termine siendo una trampa”, plantea finalmente el integrante de (CREDHOS).