Fotos Laura Isabel Marin y David Alejandro Pérez

Hace casi tres décadas, la Unión Sindical Obrera (USO) se empezó a preguntar por la transición energética. En el marco de la Primera Asamblea Nacional por la Paz (1996) el debate ya se daba, aunque generara cierta gracia, ¿trabajadores de la industria del petróleo pensando en vivir sin la materia prima de su subsistencia? Sonaba extraño. Sin embargo, hoy, que están desarrollando su tercera Asamblea, el tema transversaliza todos los debates: la construcción de paz, los derechos humanos y laborales, la memoria, el futuro.

Así mismo, pareciera descabellado pensar que el movimiento social tenga algún interés en esta discusión cuando dice de manera contundente: “somos un territorio productivo, agropecuario, no petrolero”. Durante la segunda Asamblea Regional desarrollada en la capital de Arauca el 29 y 30 de junio, esas fueron algunas de las palabras que pronunció Johana Pinzón, presidenta de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) y vocera del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia.

Allí señaló, además, el impacto y deterioro que ha traído la industria de los hidrocarburos sobre el tejido social y cultural en la región de los Llanos Orientales por ir en contra de los intereses de las comunidades que históricamente han intentado generar proyectos económicos comunitarios, autogestionados y armónicos con el medio ambiente.

Es por eso que el movimiento social, campesino y popular lo tiene todo por decir en esta conversación sobre la transición energética; más aún cuando los aparatos estatales, paramilitares y empresariales lo ha amenazado y atacado por defender un modelo económico contrapuesto al extractivista, sobre todo en departamentos como Meta y Arauca que en 2022, según el Ministerio de Minas y Energía, aportaron cada día 749.022 barriles en promedio en 2022.

Decirle no al petróleo, sí a las economías para la vida

Mientras Dixon habla, los pájaros y los grillos cantan de fondo: “Nuestros abuelos y tatarabuelos se pensaron el departamento de Arauca como un departamento agrícola. Que fuera una despensa agrícola, que se produjera comida y que hubiera seguridad alimentaria dentro de nuestros territorios, es así como se viene planteando desde hace muchos años en el plan de vida que se ha construido con las comunidades”.

Dixon Torres es líder campesino, presidente de la Corporación Regional de la Productividad Agropecuaria de Arauca (Corrproagro), coordinador departamental de ASONALCA y miembro, como Johana, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Sus cálculos son: 18.000 hectáreas de cacao, 92.000 cabezas de reses anuales y 800.000 litros de leche diarios, que, sumados a la producción de plátano, generan más de 100.000 empleos directos e indirectos en el departamento. De ahí la seguridad con la que reitera que no es el petróleo sino el sector agropecuario el que mueve la economía de Arauca.

Él hace parte, también, de la “tercera generación” de las 175 familias de campesinos y campesinas desplazadas de Caño Limón en 1995 por la complicidad del Estado y las multinacionales petroleras, y que años después lucharon por recuperar su territorio hasta convertirlo en lo que es hoy, un TECAM (Territorio Campesino Agroalimentario).

La historia de ese desplazamiento acompaña otras denuncias: las empresas, con el beneplácito del Estado, acabaron con la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora, además taponaron 29 caños para modificar el curso natural de las aguas y que no interrumpieran la exploración de petróleo. De hecho, los pájaros y los grillos de fondo son en realidad parte del camino que Dixon recorrió devuelta a su casa después de haber estado destapando uno de esos canales que, específicamente, la Occidental Petroleum Company (OXY) tapó hace casi 20 años, y que cada invierno provoca inundaciones en los cultivos de los campesinos y campesinas.

Según él, en Arauca ya había una visión común sobre el territorio antes de que empezara la explotación petrolera. El movimiento social ya se había preguntado por la soberanía mucho antes, y no solamente en términos de productividad, sino también de salud, de educación, de infraestructura y de lo medio ambiental, porque, nuevamente, todo eso siempre ha estado enmarcado dentro del “plan de vida”, un ejercicio distinto de organización colectiva que ha demostrado que en el departamento también es fructífera la cooperatividad y las prácticas que dignifican la vocación y el esfuerzo de los llaneros en esas praderas infinitas de nuestra frontera.

Algunos ejemplos de proyectos y experiencias organizativas que el movimiento social ha logrado materializar son la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (ECAAAS) y la Cooperativa Agropecuaria de Sarare (Coagrosarare), las cuales llevan funcionando 40 y 60 años respectivamente, aun siendo perseguidas, atacadas y señaladas por promover el poder público y comunitario sobre las empresas, y por darle lugar a proyectos productivos que beneficien realmente al campesinado araucano.

También existe la Cooperativa de caficultores de La Salina (Coopcafe), una empresa social y comunitaria que afilia a todos los productores de café y ha logrado generar una estabilidad económica desde las prácticas agroecológicas; así como las distintas firmas de “uno de los mejores chocolates a nivel mundial”, por ejemplo Chocolate La Delicia, entre otras expresiones que, en palabras de Dixon, “han hecho resistencia al Estado colombiano, a sus políticas de represión y también a las multinacionales con sus políticas de arrasar con todo lo que hay en el territorio, importándoles solamente la acumulación de capital”.

Destinar recursos para el agro

A lo que le apuestan hoy es a la gestión de la transformación de la materia prima que genera el agro en la región. Dixon dice que han proyectado esfuerzos a través de la movilización para que el gobierno y las multinacionales inviertan en la agroindustrialización del departamento y la región. Es así como han podido gestionar recursos para una planta de plátano en Tame, una planta de lácteos y de transformación de cacao en Arauquita, una de concentrados en Saravena y una biofábrica de abonos orgánicos para transitar de los agrotóxicos a los insumos orgánicos.

También, en misma Asamblea convocada por la USO surgió la idea de fortalecer los TECAM con los rubros que genera la industria de los hidrocarburos, que para el 2023 fueron $590,796,781,052.16 según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su informe anual de regalías.

Para Johana eso sería lo ideal, pues, aunque el movimiento social es crítico sobre el modelo minero energético en el país, también en cierto que las petroleras ya están en los territorios y que, por ende, deben pagar unos impuestos y generar utilidades que logren satisfacer las necesidades que tienen las comunidades; lo que no quiere decir que vayan a perder la independencia que históricamente han mantenido, sino que no abandonarán su esfuerzo porque los recursos finalmente se destinen al sector que en esencia los necesita:

“Nosotros consideramos que la explotación petrolera debe reglamentarse porque, ejemplo, no se puede permitir la explotación en los TECAM, en resguardos indígenas, en territorios de comunidades afrodescendientes, en territorios donde hay una gran riqueza hídrica, porque precisamente son esos bienes o esos recursos los que nos permiten la supervivencia de las comunidades en el territorio. Entonces sí debe haber una reglamentación, pero si hoy hay unos recursos que pueden fortalecer y apalancar estos proyectos que están instaurados en el plan de vida, pues nosotros vamos a seguir materializando eso por lo que tanto hemos soñado y que hemos trabajado al calor de la lucha, de la movilización, del esfuerzo, de los muertos, de los presos, de todos esos compañeros que han apostado a ese cambio; realmente consideramos que lo podemos lograr si seguimos trabajando de manera fuerte, consolidada y organizada”, expresa la lideresa.

El gobierno nacional y “la transición energética”

Una de las cosas que les han enseñado todos estos años de resistencia es, precisamente, ganarse los espacios que le corresponden. Hoy el movimiento social, campesino y popular, se empeña en establecer unas condiciones o consensos mínimos para la exploración del petróleo y llevar a los escenarios de interlocución entre los empresarios y el gobierno nacional propuestas concretas de cara al redundante discurso de la “transición”, mientras que las realidades en los territorios, que siempre han hablado de transición en sus prácticas cotidianas, siguen siendo otras.

José Carrillo, compañero de Johana y Dixon en el Movimiento Político de Masas Social Popular del Centro Oriente de Colombia y en ASONALCA, argumenta que ahora debe pesar más la producción y sostenimiento de lo agrario y mantener un régimen campesino organizado, pues es este el que ha puesto la espalda frente a la crisis social y económica del país en varias ocasiones, es de donde, en últimas, echamos mano para poder alimentarnos. “Es importante resaltar eso, porque evidentemente la explotación de hidrocarburos se sigue priorizando, aunque ahorita se ha hablado de transición energética desde el gobierno de Gustavo Petro, para la región la realidad sigue siendo la misma y más profunda. En el norte de Casanare se tienen dos bloques petroleros nuevos a punto de que se les dé licencia ambiental, el bloque petrolero Llano 121 y Llano 122 que evidentemente van a amenazar la producción campesina”.

Así mismo, complementa Johana, donde el movimiento social ha liderado históricamente luchas pensando en la naturaleza, hoy a través de ese discurso se siguen declarando áreas protegidas o dando pagos por servicios ambientales, a pesar de sus reparos por estas iniciativas que, muchas veces, han sido usadas para desplazar a las comunidades, darle cabida a proyectos mineros, militarizar la región o negarle la autonomía a la población sobre su territorio.

“Creo que el gobierno Nacional no le presta mucha atención simplemente porque no está interesado sobre eso que nosotros estamos planteando, no le genera acumulación para quienes históricamente se han abanderado de los territorios y de los recursos naturales. Nosotros planteamos unas propuestas de transformación pensando grandes problemas como es el tema minero energético y el tema ambiental, pero ellos simplemente están pensando en cómo seguir acomodándose y en cómo seguir generando capital a costa del agua, el aire, la tierra; y lo hacen de una manera devastadora pasando por encima de las comunidades y de la naturaleza”, manifiesta ella.

No se les hace extraño que ahora que se pone “de moda” el tema, el capitalismo busque poder librarse de la crisis en la que sumió al mundo y en ese ejercicio de transición surjan nuevas formas o nichos de mercado que le permitan volver a reactivar o revitalizar sus lógicas de ganancia y explotación, como lo explica Jose. Por eso les interesa que la reflexión con la USO supere la conversación técnica sobre el cambio de energético y los derechos de los trabajadores.

Es decir, que la transición se aterrice a la realidad de lo que la extracción de hidrocarburos conlleva, pensarla también alrededor de la vocación productiva del departamento, de la gestión popular y comunitaria, de las posibilidades sobre el cambio a economías de fondos públicos, de la soberanía alimentaria, discutir sobre la tenencia de la tierra, qué se está haciendo con esas tierras, si están cumpliendo su función ecológica y social; la deuda social y ambiental que deben asumir las multinacionales; el desmonte del paramilitarismo; cómo las comunidades pueden llegar a tener plenitud en el desarrollo de todos sus derechos.

Articularnos para logran la transformación

El movimiento entiende que lo anterior implica un esfuerzo y actitud política y organizativa que definirá la lucha que se pueda dar en los momentos más determinantes. Eso se fortalece precisamente en escenarios de debate como la Asamblea por La Paz, que les permiten compartir su ejemplo e insistir en la autodeterminación, que finalmente es la que ha demostrado movilizar realmente las transformaciones.

“Lo importante es que ya hay una conciencia sobre la necesidad de hacer ese cambio y de comprender que el extractivismo le hace mal a nuestro país y a nuestras comunidades porque ha traído consecuencias negativas que se expresan en destierros, despojos, desplazamientos, persecución, asesinatos, una cantidad de situaciones en las que, a las últimas, las afectadas siguen siendo las comunidades que viven y permanecen en los territorios. Creo que es importante apostarle a lo que las comunidades de manera organizada hemos construido porque nosotros hemos planteado esas propuestas no solamente diciendo necesitamos esto, y si no nos lo dan lo hacemos y trabajamos para poder lograrlo y mejorar esa realidad de las mujeres y los hombres en el campo, no podemos esperar a qué gobierno es el que queremos y ahí empezar a desarrollar las propuestas. Debemos ir construyendo desde ya”, sentencia Johana.

En ese mismo sentido, Edgar Mujica Vanegas, vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hace un llamado a la articulación que debe volver a surgir en la región entre el movimiento social y la USO para que esos cambios sean posibles. Para él, la Asamblea es importante si la gente logra entender que más allá de una propuesta política, en este momento se necesita un movimiento social que sea capaz de echársela al hombro, es decir, de respaldarla en los diferentes escenarios a los que deba llegar.

“Eso es con acción de movilización, no es otro el camino, aquí no estamos en una discusión de si logramos condensar una cantidad de elementos en un documento y se lo entregamos al gobierno, eso va a ser importante para el pueblo colombiano y puede ser un aporte fundamental desde la Asamblea, pero para mí el elemento determinante, y que puede marcar la coyuntura, es si se potencia un movimiento social que se pelee esa propuesta política, de resto, chévere el ejercicio, mucha reflexión política y teórica desde los territorios, pero a la hora de materializarlo creo que no vamos a tener con qué si eso no se construye”.

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