Por: Natalia Bedoya Alcaraz

Fotografía: Nataly Ortiz

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) ha sufrido violencia antisindical desde su conformación en 1923, cuando la extracción y comercialización del hidrocarburo estaba a cargo de la recordada Tropical Oil Company. En ese entonces la compañía norteamericana “casi que era el gobierno real” en Barrancabermeja, ciudad de Santander en la que nació el sindicato. La “Troco”, como le decían a la empresa en la región, tuvo la libertad de sobreexplotar, perseguir, desterrar e incluso asesinar a sus trabajadores.

Esta ha sido llamada la “primera etapa” de la historia de atropellos contra la USO, una en la que solamente se podía denunciar porque las autoridades “competentes” en los procesos judiciales no operaban.

La segunda etapa inicia 25 años después con la creación de Ecopetrol como empresa estatal y nueva jefe de los petroleros, con quien no cambiaron sustancialmente las cosas: siguieron los mismos actos de violencia, a los que se les sumó la detención y encarcelamiento arbitrario, los despidos masivos, la ilegalización de las huelgas y la obstrucción de algunos derechos de asociación al sindicato, con la particularidad, un poco increíble, de una represión dada directamente desde el Estado.

El tercer y último ciclo de violencia, que coincide con las primeras reformas laborales de Ecopetrol y la avanzada del proyecto paramilitar en el Magdalena Medio, empieza a mitad de los 80’s y se extiende hasta 2005.

Las últimas dos suman, por lo menos, 125 asesinatos y 865 hechos victimizantes según el caso «Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano» de la Comisión de la Verdad (CEV), que, además de los actos ya mencionados, habla también de torturas, desapariciones, secuestros y exilios.

La creación de organismos como la CEV y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el contexto del acuerdo firmado con las FARC en 2016, le permitieron al sindicato salir de la penumbra, denunciar más allá de las organizaciones sociales, y dejar de ser “calumniadores” del Estado, las multinacionales y la fuerza pública.

En la entrevista Violencia antisindical contra la USO y conflicto armado, ¿tuvo algo que ver el paramilitarismo?, que publicó Periferia hace dos meses, conversamos con Giovanni Rivera sobre los intereses específicos detrás de quienes agenciaron la violencia, cómo se beneficiaron de ella y las principales consecuencias sobre el proceso organizativo del sindicato. A meses de que la USO realice la 3ª Asamblea Nacional por la Paz en Bogotá, la conversación con el docente e investigador vinculado a la USO para contribuir en el informe final de la CEV y la JEP, nos llevó a preguntarnos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación al interior del sindicato.  Para dar respuesta a ello hablamos con Luis Jairo Ramírez, profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle y asesor de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera (USO):

Pregunta: ¿Cuáles son las búsquedas de la USO hoy en términos de verdad, justicia y reparación?

Respuesta: Hoy la USO tiene un equipo que está sistematizando toda esa información y que pidió que se abriera un caso en la JEP para redondear esta investigación y lograr precisar de una manera mucho más clara los niveles de responsabilidad de las distintas administraciones de Ecopetrol, de sus juntas directivas, de los gerentes, de los ministros de Estado que tenían asiento en su junta directiva, de las presidencias en las que se dieron estos crímenes, y por qué no actuaron en el sentido de investigar, esclarecer la verdad.

Además, estamos de cara a un sistema de justicia restaurativa, se ha hecho un trabajo muy importante con las víctimas, se está avanzando en la idea de hacer una organización de víctimas que permita rescatar el legado y la memoria histórica de los obreros, de los dirigentes que fueron asesinados. Hay también un libro con un recuento de cómo fue todo ese proceso de victimización y la responsabilidad que le cabe a cada una de esas instancias del establecimiento. La Comisión de Derechos Humanos de la USO trabaja intensamente en esa parte. Un anhelo nuestro es que en una segunda fase ya podamos hacer un registro teniendo toda la verdad en su conjunto y entregar un segundo material que establecería ya no solamente el tema de la verdad, sino el de la justicia.

Eso seguramente no va a implicar cárcel para los responsables, porque uno de los elementos neurales de la justicia transicional es que se entreguen beneficios judiciales a los victimarios a cambio de que confiesen toda la verdad, de que pongan sobre la mesa todo lo que ellos saben, para que las víctimas puedan tener claro porque se les escogió, porque terminaron siendo víctimas de un entramado criminal que terminó afectando a sus familiares.

Pero sí va a implicar un tema pedagógico, esa verdad hay que divulgarla en colegios, en universidades, en centros de memoria, en museos, en las ciudades, en los sitios de labor. Hay que divulgar entre las nuevas generaciones cómo es que el país vivió durante cuatro o cinco décadas un régimen de terror, porque no lo vivieron y tienen que conocerlo, no como una manera de buscar una venganza sino como una labor pedagógica de lo que no puede volver a ocurrir en Colombia, ese es precisamente el trabajo en el que andamos.

P: ¿Cómo se ha pensado el sindicato que Ecopetrol pueda asumir su responsabilidad sabiendo que no está obligada como empresa a comparecer en la JEP?

R: No está obligada porque esa fue una de las incongruencias del gobierno Santos y del fiscal que estaba en ese momento. En el proyecto del sistema de verdad, justicia y reparación se planteó lo que llamaron “los terceros”, que eran los empresarios que podían presentarse por voluntad propia, no por obligación, y por eso es que Ecopetrol ha sido evasivo.

Ahora, hay empresarios que efectivamente han tenido que acercarse porque se sienten amenazados, están investigados por la justicia ordinaria y, a pesar de que no hay sanciones, ellos saben que en cualquier momento la justicia ordinaria puede avanzar con la información que tiene y los condene, van a tener que pagar 30 o 40 años de cárcel por los crímenes que cometieron. En cambio, si se acercan a la JEP, confiesan voluntariamente y dicen un poquito de la verdad, lo máximo que les pueden dar es una sanción restaurativa para ir a ayudar una comunidad, hacer un bosque, recuperar un río, hacer labores de tipo restaurativo, que es mucho mejor a que tengan que pagar años de cárcel. Una de las falencias que tiene ese sistema es esa.

La USO presentó algunos casos, no todos porque los casos que hay que llevar a la JEP son individuales, no colectivos, y hay que documentar víctima por víctima. No se ha podido recoger la información de todos los 126 compañeros asesinados, conforme lo requiere un proceso judicial solamente se ha logrado documentar la información de 20 o 25. En la medida en que avance el proceso judicial se va a requerir que Ecopetrol comparezca. Una situación que ayuda ahorita es la confesión de José González Sánchez, que fue uno de los más altos dignatarios de Ecopetrol, que ya estaba condenado por la masacre del 16 de mayo [1998 en Barrancabermeja]. Debía pagar como 26 años de cárcel, pero tomó la decisión de hablar. Él presentó un documento de 90 páginas donde relata una cantidad de nombres de funcionarios de la administración de Ecopetrol comprometidos con el paramilitarismo y en la determinación de asesinatos y de situaciones de persecución.

Estos dos elementos ayudan para que en un momento dado podamos presionar a Ecopetrol y por voluntad propia se quite ese velo, esa suerte de fuero interno que tiene para hablar, y logre sacar a la luz toda la información que tiene, pero eso va a ser un proceso largo. Esa es la etapa que estamos transitando, tenemos también una ligera ventaja y es que ahorita está elegida una nueva junta directiva y un nuevo presidente de la empresa, que tienen una actitud un tanto democrática y no vienen de esa generación de la dirigencia empresarial.  Venimos haciendo gestiones para que poco a poco ellos tomen la decisión de comprometerse con el sindicato en todo el proceso de esclarecimiento de la verdad y de la aceptación de la responsabilidad.

P: Además de lo mencionado, ¿cuáles otros reparos tiene el sindicato sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad?

R: Es la forma en cómo se constituyeron. En ese momento el sector político dominante era el Santísimo, entonces allí hubo una serie de magistrados que fueron colocados tanto en la JEP como en el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad.

En el caso del informe de la Comisión, este devela una cantidad de circunstancias importantes, pero tiene una inclinación, una tendencia, un esfuerzo por restarle importancia a la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad. No se atreven a decir de una manera categórica y clara que hubo una responsabilidad de quienes estuvieron en la cabeza de las altas cortes y en la cúpula militar, de la Policía, de los medios de comunicación.

Qué es lo que dicen, sí, efectivamente toda esa violencia ocurrió, toda esa violencia la condenamos, eso no debió pasar, hubo masacres, hubo asesinatos, hubo desplazamientos masivos, hubo desaparecidos, hubo gente encarcelada injustamente, hubo unos volúmenes de violencia impresionantes que afectaron por lo menos a una quinta parte de la población del país, pero no te dicen quién estaba detrás, quiénes fueron los que ejecutaron eso. Inclusive Francisco de Roux, que era el presidente de la Comisión de la Verdad, llegó a decir que sobre esa violencia era injusto decir que hubo crímenes de Estado, él se niega a aceptar o reconocer que toda esta violencia que hubo fue una violencia direccionada desde el Estado, desde los estamentos del poder.

Tratan también de esconder un poco la responsabilidad de los empresarios de la industria bananera en el genocidio que se cometió contra los obreros en Urabá; lo mismo con Postobón, Coca-Cola o la industria cervecera. Lo del sector minero, el sector petrolero, etcétera. Es una verdad institucional.

En el caso de la JEP, no es igual el trato que le están dando a los militares que el que le están dando a las fuerzas insurgentes, en este caso a las FARC. Ahora tratan de matizar, de decir que el grueso de la responsabilidad de la violencia  es de la insurgencia, y tratan de restarle dimensión a la responsabilidad de los militares.

Militares que han sido condenados a 30 años de cárcel, se presentan ahora a la JEP para decir estoy interesado en decir la verdad a cambio de que me reduzcan las penas. Les dicen sí, pero tiene que decir la verdad. Lo que está ocurriendo es que les ordenan la libertad de inmediato, ya se puede ir para su casa, y el compromiso que tienen de decir la verdad ya no es del 100% sino que comienzan a decir verdades incompletas. Esas medias tintas hacen que las víctimas tengan que reaccionar y decir nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nuestras críticas van dirigidas en este sentido, tiene que haber un poco más de rigor, un mayor compromiso de las personas que están involucradas en esos crímenes para decirles toda la verdad a esas familias victimizadas que están esperando saber todo lo que pasó.

P: ¿Cuáles han sido los principales retos y obstáculos para el sindicato en la exigencia de verdad, justicia y reparación?

R: El primero ha sido la actitud de Ecopetrol, que como empresa estatal tenía la obligación de velar, averiguar, preocuparse por qué pasó con las personas que eran sus trabajadores y las estaban asesinando. La empresa nunca se preocupó por incidir para que el sistema judicial investigara los casos, y no importaba si había funcionarios de alto rango de Ecopetrol involucrados, la empresa nunca hizo eso. Hubo una connivencia de Ecopetrol con los crímenes.

Otro era la información. No fluía la información que había en las distintas instancias, de tal manera que las víctimas tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar a la verdad gracias a una cantidad de información que existía, pero que, en muchas ocasiones, tenía carácter reservado. Ecopetrol nunca se preocupó por tener una asistencia social a las viudas y a los huérfanos, hubo muchas familias que quedaron en el abandono y desprotegidas. Hubo casos en los que la empresa no entregó a las familias las prestaciones sociales que les correspondían por los años laborados en la empresa. Hubo una situación de abandono y en eso el sindicato también tuvo cierta actitud de indiferencia, que hoy nos critican las víctimas porque la dirigencia de cada momento tampoco se preocupó mucho por hacer un seguimiento a los procesos judiciales, tampoco por acompañar a las víctimas o hacer gestión para respaldar las necesidades con las que quedaban.

Lo más difícil es el sistema judicial, porque no investigó los crímenes que se cometieron. En muchas regiones, los jueces y los fiscales ni siquiera se preocupaban por abrir investigaciones. Algunas veces porque eran aliados de los paramilitares, de los alcaldes, los concejales, en otras porque tenían una actitud de rechazo a lo que estaba pasando por miedo a que hubiera represalias de parte de los victimarios. Todo eso va ligado al tema de la impunidad.

Sin embargo, podemos decir que hoy tenemos un panorama distinto. Si bien ese sistema de verdad, justicia y reparación que se logró con el acuerdo de las FARC en La Habana tiene dificultades, también reconocemos que si no hubiera sido por ese sistema no se hubiera logrado develar todos esos entramados que estaban ahí ocultos. Hace 10 años no nos imaginábamos ver a generales de la República o a jefes paramilitares confesando que fueron responsables del terrorismo de Estado, de la violencia antisindical, de todo este martirologio al que se sometió al país

P: Teniendo en cuenta que parte de los obstáculos en la exigencia de verdad, justicia y reparación, involucraron la actitud del sindicato frente a las víctimas, ¿qué disposición debe tener hoy la USO para contribuir a esas búsquedas?

R: Se ha venido avanzando en un proceso, en primer lugar, de autocrítica, de reconocer que la USO no estuvo a tono en cada una de las etapas de esta violencia antisindical. No supo responder de la manera que debía hacerlo, no solamente con movilización, porque cada que asesinaban a un compañero se paralizaba la producción, se hacía una huelga, etcétera, pero no bastaba con eso. Faltaba atender el dolor de los familiares y de los compañeros más cercanos de esas víctimas. Hemos hecho una serie de ejercicios en cada subdirectiva, cada una tiene que asumir la recuperación de la memoria histórica de los dirigentes de allí que fueron victimizados. Deben tener una galería de la memoria, en su región deben buscar a los familiares y tener unos mayores niveles de interlocución y de solidaridad con las familias, y ayudar en el proceso de búsqueda de la información para la construcción de la verdad.

Se trata de eso, que cada aniversario de un compañero victimizado se haga una actividad especial para generar unos mayores niveles de conciencia sobre la historia y de solidaridad, porque es una de las cosas que se ha perdido en la sociedad. Nosotros necesitamos volver a recuperar ese espíritu para poder juntar manos y voluntades cuando se dan este tipo de tragedias que golpean al movimiento social, que golpean a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres. Estamos difundiendo un mensaje de unidad y un mensaje de compromiso para que podamos avanzar juntos en la búsqueda de la paz con justicia social.

P: ¿Puede impactar positivamente un proceso de verdad, justicia y reparación real e integral las conversaciones que hoy está teniendo la USO sobre paz y transición energética?

R: El impacto va a depender de los niveles de organización y la capacidad de movilización de la gente, esa es otra discusión que tenemos. Nosotros le decimos a la gente que no debemos asumir una actitud expectante, de observación pasiva, esperando a ver de arriba qué cambios hay. Necesitamos configurar un tipo de sociedad altamente organizada y altamente movilizada. Creo que incluso el presidente Petro es consciente de eso cuando le dice al país que hay que elevar las formas organizativas de la sociedad, hay que fortalecer y darle una dimensión al constituyente primario, es decir, a la capacidad que debe tener la gente para hacerse partícipe, no solamente de las discusiones, también de las decisiones.

Por eso nosotros estamos hablando de que uno de los elementos fuerza de esta 3ª Asamblea Nacional por la Paz es que al final, cuando lleguemos en noviembre a Bogotá, una pregunta que debe estar resuelta es cómo constituir un poderoso movimiento social por la paz. Un movimiento de masas movilizado por la reivindicación de sus derechos. Nosotros hemos dicho que no deben ir por dos carriles distintos la lucha por los derechos y la búsqueda de la paz, lo uno hace parte de lo otro. Hemos planteado que hay que cambiar la idea de que la paz es sacar las armas del conflicto. La paz es resolver las causas que dieron origen al conflicto y esas causas son el hambre, el desempleo, la falta de salud, de educación, de tierra para cultivar.

La paz es la realización de los derechos de la gente, pero eso implica que la gente haga un compromiso de elevar las formas organizativas, porque como decíamos en el taller de Medellín: solamente un 4% de los trabajadores colombianos está organizado. Necesitamos que, por lo menos, el 60 o 70% de los trabajadores estén en un sindicato, en una asociación de cualquier índole. Lo mismo los jóvenes, las mujeres, los campesinos, etcétera. Estamos hablando de que avancemos hacia una suerte de “estallido social”, no como el que se le hizo a Duque sino un estallido social por la paz. Es decir, que los grupos armados y quienes están en el Gobierno en este momento, así sean de este lado del río, entiendan que la gente ya está atribulada con la violencia y necesita unos espacios distintos en los que se pueda vivir con un nivel de vida adecuado, con los derechos reconocidos y con un respeto sobre todo por su integridad.