Por: Juliana Builes Aristizábal

La corresponsabilidad de las grandes ciudades como uno de los principales consumidores del sector minero-energético es una de las tantas variables a explorar en la propuesta de transición energética justa de la Unión Sindical Obrera (USO). Al darle protagonismo a las zonas urbanas en la problemática medioambiental, se puede comprender y problematizar toda la cadena de extracción, producción y consumo, que va desde las zonas rurales en Barrancabermeja hasta las laderas de los barrios populares en Medellín.

La USO quiere posibilitar discusiones sobre una paz que incluya todos los territorios. Además, pretende que las autoridades políticas y económicas, así como líderes históricos y comunitarios, se reúnan para escuchar las demandas de la población. Pues la participación activa y la no imposición de políticas son claves para asegurar que todos los sectores implicados puedan contribuir a una verdadera transición equitativa.

Meta, Casanare, Santander, Córdoba, Boyacá, La Guajira y Cesar son ocho de los once departamentos que concentraron el 93% de las emisiones de CO₂ en el país en 2020. Todos tienen en común que son territorios donde se explota algún recurso minero-energético clave para las arcas del país (carbón, petróleo, esmeraldas, entre otros minerales). Sin embargo, parte de esa producción se destina a suplir las necesidades de las grandes ciudades de Colombia. Nilton Fabián Henao Aguirre, presidente de la USO subdirectiva Medellín, sostiene que “la solución al cambio climático no se puede encontrar solo en los territorios, también los consumidores tienen que ver”. Afirma además que es crucial combinar y articular las perspectivas de los territorios periféricos, donde sucede la explotación, con los problemas y demandas de las ciudades.

Nilton Henao durante el taller realizado en Medellín.

Esteban Romero, quien forma parte de Ciudad en Movimiento, una organización que lucha por la construcción de territorios urbanos con dignidad y justicia social, agrega que “cuando se cuestiona el modelo minero-energético del país, se cuestiona también el modelo económico”. Según Romero, este modelo económico mantiene a más del 50% de la población activa económicamente en la informalidad, pese a ser abastecidas de recursos y de combustibles fósiles, las ciudades no logran brindar trabajo digno a las personas. Señala también que la falta de políticas de vivienda adecuadas obliga a las personas a situarse en las periferias de las urbes, impactando territorios que deberían estar destinados a la preservación y cuidado ambiental.

Intervención de Esteban Romero en la actividad convocada por la USO en Medellín.

Jhon Pineda Sierra, integrante de la comisión de derechos humanos de la USO, enfatiza la importancia una sostenibilidad en el contexto urbano. “La apuesta es lograr que no se traslade el impacto de las grandes factorías de explotación de recursos energéticos a las ciudades, sino que se garantice el desarrollo de las poblaciones urbanas”. Pineda Sierra destaca la necesidad de identificar y resolver las vulnerabilidades socioeconómicas en la transición hacia una economía energética más sostenible y justa. Insiste en que las ciudades deben tener una participación activa y reconocida en estos procesos, amparando los derechos de la naturaleza y de las comunidades urbanas.

Los reparos a la matriz minero-energética y la transición energética justa deben considerar que, en las ciudades, no todos viven la crisis climática de la misma manera. Los sectores populares son los que más se ven impactados por las consecuencias que genera la combustión de los fósiles. En esta población las enfermedades provocadas por la contaminación y la polución son numerosas: cáncer de piel, problemas respiratorios y auditivos son solo algunos de ellos.

Elaine Gamboa, artesana e integrante de Ciudad en Movimiento, explica que personas como ella, que se ganan el sustento en la calle, son los más afectados por la crisis climática: “No solo sufrimos las mayores consecuencias, estamos expuestos por largos periodos de tiempo”. Gamboa añade que los efectos del cambio climático, como el exceso de calor y las intensas lluvias, impactan significativamente esta población.

Para John Darío Martínez, coordinador de la Mesa de Economía Popular de Medellín, este nuevo enfoque económico puede ser una alternativa sostenible. “El modelo capitalista está absorbiendo mayor cantidad de energía de la que necesita y de la que el mundo puede soportar. Lo que aportan las economías populares es un uso mucho más bajo de energía en sus actividades productivas, lo que podría contribuir significativamente al cambio energético en el país”, afirma.

Los entrevistados coinciden en que la transición energética justa debe replantear el actual régimen político y económico, así como el modelo de gestión ambiental del país, teniendo en cuenta las condiciones sociales y medioambientales en las que vive la gente en la ciudad. El aire, por ejemplo, aparece como uno de los grandes retos que enfrentamos en el contexto de crisis climática.

La mentada transición energética es una discusión urgente no solo de los trabajadores de la industria petrolera, las zonas rurales y los territorios minero-energéticos, también las grandes ciudades del país tienen un parte de responsabilidad. Con su 3ª Asamblea Nacional por La Paz, la Unión Sindical Obrera quiere integrar las urbes en ese proceso, subrayando que los principales consumidores deben participar activamente en la mitigación del colapso climático.

Uno de los principales retos de las zonas urbanas es la implementación de políticas públicas de ordenamiento territorial. Organizar de manera racional el territorio, garantizando la estabilidad del hábitat y la vivienda digna para la población; distribuir de manera concertada las áreas específicas para el desarrollo industrial. “El modelo de ordenamiento territorial debe enfocarse en acuerdos, proporción y participación, dejando de lado, en cierta medida, el interés económico inmediato. Es esencial buscar un equilibrio entre el desarrollo de los recursos y la sostenibilidad del entorno urbano. En este contexto, es crucial que las urbes se coordinen para definir zonas de desarrollo, pero siempre con un enfoque colaborativo que priorice el bienestar general sobre los intereses particulares” afirma Jhon Pineda Sierra, integrante de la comisión de derechos humanos de la USO.

La contaminación del aire, las enfermedades asociadas a la polución, los impactos ambientales urbanos y las vulnerabilidades socioeconómicas se posicionan como aspectos claves en la incipiente transición energética en la que se ha embarcado el actual Gobierno. Estos temas aún necesitan un debate y análisis más profundos. La administración pública está obligada a involucrarse con estudios sobre los impactos reales y luces sobre las posibles soluciones, toda vez que no se puede ignorar un problema que es global. La transición energética justa debe atender también las necesidades de los sectores populares de la ciudad.