Por: Juan Alejandro Echeverri

Fotos: Estefanía Romero

Además de las masacres de Macayepo (15 asesinados el 14 de octubre del 2000), El Salado (más de 60 asesinados entre el 16 y el 21 de febrero del 2000), El Chengue (27 asesinados el 17 de enero de 2001), Los Guaimaros (15 asesinados entre el 30 y el 31 de agosto de 2002) y Tasajera (4 asesinados el 1 de octubre de 1996), durante la Asamblea Regional por la Paz realizada el 28 y 29 de septiembre en Barranquilla también se mencionaron los nombres de Alfredo Correa de Andreis (sociólogo y profesor asesinado el 17 de septiembre de 2004 en la capital del Atlántico), de Jorge Adolfo Freytter (sindicalista y también profesor que denunció la toma paramilitar de la Universidad del Atlántico, y el 29 de agosto fue encontrado muerto en la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga), de Aury Sará Marrugo (dirigente de la Unión Sindical Obrera que develó la corrupción en la refinería de Cartagena y fue secuestrado, torturado y encontrado muerto el 8 de diciembre de 2001), de Ricardo Luis Orozco Serrano, fundador y vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (ANTHOC), asesinado el 2 de abril del 2001).

Nuestro Caribe es la región donde la Drummond, empresa que explota carbón en el Cesar desde los 90, pagó para que acabaran con su sindicato. Donde ocurrió la Masacre de las Bananeras. Donde se gestó el proyecto político y militar de las Autodefensas Campesinas. De 1986 hasta 2005, la matanza antisindical le arrebató 1.600 vidas al movimiento social de nuestro Caribe. Por esas cifras es que Giovanni Rivera, investigador de la Unión Sindical Obrera (USO), planteó en la Asamblea que “resulta hasta milagroso que [el año pasado] la USO haya podido cumplir 100 años de existencia”. Pese a tanto, el Caribe, laboratorio de la domesticación armada y la chabacanería política, sigue disputando su dignidad, la tierra y la justicia, porque, a pesar de todo, sabe de memoria dónde quedan sus cicatrices.

La de Barranquilla es la cuarta Asamblea Regional que la USO desarrolló este año. Durante el 2024 el sindicato petrolero le ha tomado el pulso al país. Hace unos días fue el turno para que personas de La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar y Magdalena plantearan las principales problemáticas de sus territorios, y a su vez propusieran estrategias que permitan dar pasos concretos hacia una transición energética que de verdad sea justa y una paz con verdad y justicia social.

“Una cosa es desescalar la guerra, que el Gobierno lo está haciendo; otra cosa es escalar la paz, que no lo está haciendo […] No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el Gobierno vuelve a hablar con el ELN”, planteó Armando Pérez, habitante de La Guajira. Mencionó además que poco y nada han escuchado al ejecutivo hablar sobre el cierre de la mina de El Cerrejón, el cual está previsto para el 2033, pero puede suceder antes. En las aproximadamente 80.000 hectáreas donde se encuentra hoy el proyecto, las comunidades han exigido, entre otras cosas, construir una universidad.

Otro representante de la nación Wayúu que participó en la Asamblea afirmó que en su departamento “nunca se ha hecho una consulta previa como debería hacerse”. Según él, el departamento y el pueblo indígena que lo habita está en riesgo de una extinción ambiental y cultural debido a los parques eólicos que quieren implementarse en el territorio y que son uno de los pilares de la transición energética ideada por el Gobierno.

Tal como plantearon los asistentes, resulta paradójico que el departamento produzca energía, pero lugares como el Cabo de la Vela actualmente solo gozan de tres horas de electricidad al día. La transición energética que Bogotá quiere exportar a La Guajira no resuelve la brecha eléctrica del departamento, pero sí perpetúa el extractivismo que tantos daños sociales y naturales ha causado. No son solo los parques eólicos, la posibilidad de que se concrete la extracción offshore, es decir la explotación de los hidrocarburos presentes en el subsuelo marino, también amenaza a los Wayúu. “[Nosotros] somos hijos del mar. Somos la comunidad originaria que resistió a la invasión española. Pero los gobiernos de Bogotá van a lograr exterminarnos”, planteó el representante indígena.

Al igual que en La Guajira, en los departamentos de Sucre, Cesar y Bolívar también hay dudas y reparos a la transición energética que el ejecutivo ha logrado poner de moda, pues no responde a las necesidades particulares de cada territorio. Gabriel Carmona, quien leyó las principales conclusiones de un taller previo a la Asamblea realizado en Sincelejo, manifestó que en Ovejas, Sucre, un proyecto de paneles solares instalados en el municipio solo había representado beneficios para las empresas externas.

En la intervención del habitante de El Guamo, municipio que hace parte de la subregión de Montes de María, quedó claro que el tema de la energía no es el único que preocupa a los departamentos. Tal como lo señaló Gabriel, los recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) nunca aparecieron; los proyectos extractivos no contratan personal de los territorios que explotan; la oferta educativa escasea, y el Sena es incapaz de atender la demanda; los alcaldes han recurrido a un saboteo administrativo para evitar que los programas de desarrollo social impulsados por el Gobierno nacional llegue a sus municipios; las organizaciones campesinas de base siguen a la espera de que tierras baldías sean entregadas a quienes las necesitan; las administraciones municipales intentan infiltrar personas al interior de los comités agrarios de las localidades; y los consejos comunitarios, como los del municipio de El Roble, Sucre, siguen esperando, 15 años después, que el Ministerio del Interior reconozca su legalidad jurídica.

Son engorrosos y cuantiosos los frentes sociales, económicos y humanitarios pendientes en el Caribe. Pese a que la región enfrenta una palpable avanzada paramilitar, y la infraestructura de la paz total todavía no logra concretarse, Jairo Ramírez, asesor de Derechos Humanos de la USO, pidió en la Asamblea de Barranquilla que “no olvidemos que la paz es una bandera popular y debemos seguir enarbolándola”. “Donde hay continente, ha de haber maravillas”, escribió el ensayista y biógrafo del Caribe Germán Arciniegas.

La USO ya perfila uno de los principales objetivos a materializar en la Asamblea Nacional por la Paz que desarrollará el próximo mes de noviembre en Bogotá: conformar un gran movimiento nacional de masas movilizado por la paz. ¿Por qué es tan difícil unir esos ejercicios heroicos y desarticulados que afloran por todo el país, esos que a veces parecieran poco eficaces y repetitivos? ¿Qué pasaría si logramos juntarlos? La USO está tratando de responder esas preguntas y que no le vaya la vida en ello.