Por: >Antonia Bedoya Zuluaga y Natalia Bedoya Alcaraz

Fotos: Nataly Ortiz

Fuente: periferiaprensa.com  

“La historia de la USO hace parte de la historia de Barrancabermeja”, se escuchó el sábado 26 de octubre iniciando la quinta y última Asamblea Regional convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) en la calurosísima ciudad del departamento de Santander, por donde pasaron años atrás María Cano y Raúl Eduardo Mahecha, y donde nació con más fuerza el movimiento social del país. La ciudad roja, la ciudad rebelde.

Aproximadamente 150 líderes y lideresas de toda la región del Magdalena Medio conversaron allí el sábado y domingo sobre paz, derechos humanos y transición energética, con el entusiasmo más bien opaco, tratando de reivindicar lo que la violencia algún día les robó.

Educación, salud, empleo digno, acceso a servicios básicos como agua, gas y luz fueron algunas de las exigencias que las comunidades hicieron, además de la petición de una respuesta oportuna de parte del Gobierno Nacional a iniciativas como los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y las Comunidades Energéticas en las que hace tiempo se han inscrito; además de atención y solución a denuncias como las que hizo Johana Rondón sobre el departamento de Santander, el cual quedó injustamente excluido de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Ella, integrante de la Fundación Mujeres Tejiendo Vida de Bucaramanga, contó que a pesar de movilizarse, exigir y explicar la huella de las FARC-EP en el territorio, les dejaron por fuera:  “Sitios que fueron corredores, donde se vivieron unas violencias muy marcadas, no fueron tenidos en cuenta porque se planteaba que hacía 10 años venían en un proceso de transición. Esto por razones muy diversas, incluida la toma paramilitar, y que al momento de la firma del acuerdo ya no había presencia de FARC-EP en el departamento”.

Sobre esta situación, las comunidades necesitan atención inmediata, pues aunque la Comisión de la Verdad logró informes completos respecto a la violencia que vivió el departamento, nunca hubo una reparación material. Rondón reclama que “todos esos informes terminaron en el archivo de memoria en Bogotá. La idea era que esa memoria se movilizara y se conociera, no que se escondiera allá en el archivo. Allá quedó. Cómo se moviliza esa capacidad que tuvieron las víctimas de dejar sus miedos y de decir venga, en tal lado pasó esto. Allá fue la Comisión, levantaron los testimonios, los informes se plasmaron, se hicieron algunos reconocimientos de lo que sucedió, pero la memoria se quedó archivada”.

Esto, sin nombrar la violencia a la que ha sido expuesto el departamento después de la firma del Acuerdo de La Habana en 2016, sobre todo de parte del proyecto paramilitar que se ha extendido con fuerza en los siete departamentos que conforman el Magdalena Medio, y que hoy se presenta nuevamente en “frentes de seguridad” y amenaza al movimiento social que viene denunciando esta emergencia humanitaria desde principios de año.

“El paramilitarismo ha cambiado su forma de expresarse y de construirse. Esas nuevas formas de violencia vienen haciendo ese reposicionamiento en el territorio con un proyecto de muerte mucho más difícil. Ya habíamos aprendido a existir con las formas antiguas, y hoy nos está exigiendo al movimiento popular y social cómo reconstruir esa resistencia, cómo reconstruir la forma de denuncia, cómo reconstruir el tejido social y de defender un territorio con nuevas formas de este ejercicio de ultraderecha”, explicó Yolanda Becerra, directora de la Organización Femenina Popular (OFP).

Según ella, estos grupos armados vienen copiando y descodificando las formas organizativas propias del movimiento social y popular, utilizando su lenguaje y generando una confusión en la sociedad civil que termina destruyendo los tejidos sociales y generando desconfianza. “Han copiado nuestro lenguaje, nuestras palabras. El paramilitarismo hoy está hablando de justicia social, de cambio, de derechos humanos, de movilización, cuando sabemos que la ultraderecha nunca va a defender los derechos humanos, ni va a defender la paz, ni va a defender los territorios, ni a la población, pero está utilizando el lenguaje de la resistencia”.

Hoy la coordinadora regional del Magdalena Medio, que aglutinaba todo el movimiento social de la ciudad y la región, y del que la USO fungía como corazón organizativo, está sufriendo la desarticulación que el paramilitarismo tuvo y todavía tiene como objetivo sembrar. Como lo explica Giovanny Rivera, historiador e investigador de la Unión Sindical Obrera (USO),  “el efecto de todo lo que ha pasado en Barrancabermeja y toda esa pacificación se puede ver hoy. Gracias a eso “Barrancabermeja no tiene el protagonismo ni  social ni político que tenía hace 20 años, hay una conservatización del movimiento social”

Con la fragmentación del movimiento social impuesta, se fueron perdiendo también las garantías laborales conseguidas gracias a la unión de los y las trabajadoras, como se puede percibir actualmente en Ecopetrol. Hoy el 90% de los trabajadores y trabajadoras de la refinería de Barrancabermeja son tercerizados.

Giovanni manifestó también que la tercerización es otra estrategia del paramilitarismo. Con la ola de violencia antisindical que sufrió la USO, la forma organizativa se debilitó. “Si uno terceriza los trabajos, ya no va a haber sindicato, porque ya no va a haber trabajadores afiliados. ¿Cómo se va  a sindicalizar un trabajador que tiene contrato por cuatro meses?”

Esto no solo afecta los derechos laborales, sino que está afectando la conversación sobre la transición mineroenergética justa, porque no incluye a la mayoría de trabajadores en los planes de reconversión laboral. “¿Qué trabajador tercerizado va a querer que le hablen de transición mineroenergética, si están pendientes es de cómo llevar la comida al otro día?”, se preguntó Rivera, quien complementó que: “la transición suena muy elevada, muy buena, pero en la práctica uno ve que ahí están las grandes dificultades”.

Yolanda también le expresó a Periferia su opinión como mujer lideresa sobre debate alrededor de las nuevas energías: “Hace más de 100 años llegó la transición mineroenergética de los combustibles fósiles. Acá en Barranca y en el Magdalena Medio la vivimos porque aquí estaba la materia prima, pero las mujeres quedamos por fuera. A las mujeres nos tocó las consecuencias del desarrollo de unas economías y un modelo económico, y nos tocó la prostitución, la violencia, el sometimiento, ser las esposas de fulanos”, explica Yolanda.

De esta manera, la transición que se debate hoy debe darles otro lugar y otorgarles el derecho a elegir el rol que quieren asumir en este cambio. Para esto, la OFP exige crear centros de la mujer con formación en ciencia comunitaria, transición energética e investigación. “Porque solo teniendo conocimiento, solo manejando el tema, siendo formadas, podemos tener la claridad de cómo va a ser nuestro papel y de pelearnos el lugar en un tema que es del mundo, nacional y territorial”.

El cuidado de la naturaleza y la perpetuación de la violencia, el no acceso a la tierra y los recursos han sido temas centrales en esta como en todas las  asambleas realizadas por la USO a lo largo del año. Esto no sucede por casualidad, sino precisamente porque son problemáticas que se han instaurado a nivel nacional y se acentúan con toda la fuerza en los territorios.

Ahora que se viene la Tercera Asamblea Nacional por la Paz en Bogotá, la USO pretende llevar todas estas discusiones al evento que tendrá voces nacionales e internacionales en sus paneles sobre paz y transición energética, pero ¿qué se espera para después? “Esperamos que las regiones y las organizaciones sociales confluyan ahí, esperamos que el Gobierno esté presente a través del presidente Gustavo Petro, con todos sus ministerios y entidades encargadas de garantizar los derechos en este país, para que se comprometan con los territorios, por lo menos a implementar los Acuerdos de Paz y a seguir buscando soluciones políticas al conflicto armado. Necesitamos que el Gobierno no solamente nos escuche sino que ejecute. Esto no se acabará el 22 de noviembre, seguiremos a lo largo de estos años que le quedan a este Gobierno buscando soluciones en los territorios que es donde están las problemáticas. Esto apenas está empezando y nosotros queremos seguir organizando y seguir liderando desde la USO los procesos para que busquemos la paz que es, como lo dice la Constitución, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, expresó Carlos Gallón, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Paz de a USO.

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