Por: Natalia Bedoya y Antonia Bedoya

Llovió en Cali el 24 de agosto y el resto fue puro ají. La tercera Asamblea Regional convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) empezó temprano ese sábado y se extendió hasta las dos de la tarde del domingo. La sucursal del cielo y la resistencia recibió aproximadamente a 230 participantes de distintos departamentos del centro y suroccidente colombiano, entre ellos Putumayo, Popayán, Chocó, Tolima, Nariño, Huila, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. Las y los asistentes se encontraron allí para contribuir a las conversaciones sobre verdad, memoria, derechos humanos, paz y transición minero energética que habían iniciado previamente en los talleres preparatorios organizados por el sindicato en algunos municipios de estos territorios.

Cali, “la reina rumbera y pelionera” como la nombraron en la plenaria, no fue la sede del evento por azares del destino. Moisés Barón, presidente de la Federación Sindical Minero-energética y Ambiental por la Paz, enfatizó en la elección de esta ciudad y esta fecha porque se conmemoraban 73 años desde que los obreros petroleros del país obligaron a la Tropical Oil Company (TROCO) a devolver todos los activos de la Concesión de Mares al Estado colombiano el 25 de agosto de 1951.

“Hoy estamos conmemorando 73 años de haber recuperado ese activo para el país, para construir soberanía energética, soberanía nacional, y soberanía económica. La clase obrera logró que el país tuviera su primera empresa petrolera al servicio del pueblo colombiano, hoy la tarea es no permitir que esa empresa se privatice y mucho menos que sea una empresa que le termine sirviendo a las multinacionales en la transición energética; sino que al contrario, sea la empresa que apalanque y apoye en la ruta de la transición a las comunidades energéticas y las energías comunitarias”, expresó. 

Después del estallido social del 2021, en el que Cali parió un corazón inapagable y fue la casa de la energía libertaria, rebelde y combativa en el país, la asamblea funcionó casi que como un llamado para avivar ese fuego. Sin embargo, después de 73 años para la USO y 3 años para el movimiento social vallecaucano, en la memoria también queda un sistema negligente que todavía tiene mucho que reparar.

Eduard Sarmiento Idalgo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y militante del Congreso de los Pueblos, manifestó que “el suroccidente colombiano es tal vez la región en la que más constantemente se está conversando, discutiendo y trabajando”. Para él, la importancia de la región en las discusiones que pretende atender la USO radica en dos aspectos concretos: el primero, al cual nombra positivo, es la capacidad organizativa desde las comunidades afro, indígenas, feministas, juveniles y campesinas que están en la vanguardia y son pioneras en la gran mayoría de luchas y banderas del movimiento social colombiano. El segundo, uno más negativo, es que en respuesta a esa capacidad también hay una arremetida violenta en la región y eso evidentemente hace que allí sea más necesaria la conversación constante alrededor de todos estos temas.

Para esta ocasión el evento reunió más procesos y asistentes en comparación con las asambleas regionales de Cúcuta y Arauca. Por eso, las discusiones expuestas sobre cada eje de trabajo fueron en extremo diversas y nutridas por todos y todas las participantes. Para empezar, en materia de transición energética la consigna fue clara: sin transformación social no habrá una transición energética duradera.

A pesar de que en Colombia la vocación y las dinámicas económicas en cada territorio son muy variadas, las comunidades convergen en que para conseguir un sistema de energía limpia hace falta mucho más que adoptar nuevos mecanismos físicos de obtención de energía. Al unísono insisten en que  también se debe garantizar un cambio en el sistema neoliberal, que prioriza el capital sobre los derechos y la vida, y promueve estilos de vida insostenibles bajo cualquier modelo energético. 

Para alcanzar estos cambios insisten que es fundamental pensarse la transición energética desde un modelo público y comunitario, que tenga en cuenta la vocación de cada territorio y que impida que los monopolios de siempre se apropien de los nuevos modelos de energía; perpetuando así que  aquellos territorios que son explotados para proveer energía no tengan acceso al servicio, o lo tengan con costos que superan la capacidad de las comunidades. 

Además, diferentes participantes insistieron en que para lograr una transición exitosa, es importante anticipar y contener con medidas efectivas el impacto ambiental que tendrán estas “energías limpias” en los territorios y hacerlas parte estructural del plan de transición, que además debe superar las problemáticas de generación de empleo que la industria del petróleo no ha podido resolver y que solo ha dejado ganancias para las transnacionales.

“La transición energética debe cumplir una función de soberanía energética y empoderamiento de las comunidades. Por lo que se debe empezar a ampliar debates, entender el qué y para qué de dicha transformación energética. Se debe empezar a fomentar la participación de las comunidades, de los líderes sociales, de las organizaciones sociales civiles y políticas frente a este tema, porque no es que las comunidades sean ignorantes, ni mucho menos los líderes sociales de los territorios, sino que se debe explicar muy claramente para que todos estos procesos puedan llegar a buena satisfacción y no salga perjudicado ni el medio ambiente ni las comunidades”, expresaron desde uno de los grupos de reflexión. 

Por otro lado, para el eje de Memoria y Derechos Humanos, los participantes expresaron la necesidad de que los liderazgos dentro de los territorios no sigan siendo estigmatizados por el solo hecho de seguir alzando la voz por su territorio, y por brindarle apoyo y orientación a sus comunidades. Eduard Sarmiento también señaló que ese era uno de los retos principales en la región. Según él, ese es un aspecto relevante que está relacionado con las garantías de la vida, la paz y la integridad de los defensores y defensoras de DD.HH frente a la reorganización y arremetida del paramilitarismo que viene amenazando la vida y los procesos sociales del suroccidente. 

Fulbia Chungana Medina, presidenta de la asociación de mujeres Las Tamboreras del Cauca y de la Alianza Territorial de Mujeres – ALÍATE, insistió en lo mismo: a los líderes y lideresas les faltan garantías para poder hablar de paz. “La mayor dificultad es que no hay garantías para el cuidado de nosotras, parece que construir la paz es más difícil que la misma guerra”, porque se convierte en un proceso en el que en vez de avanzar se crean más dinámicas violentas en su contra.

Además, para este eje también fue repetitiva la exigencia en el cambio en las cátedras de Paz y DD.HH en los colegios, para que se creen participativamente y a su vez incluyan lecciones que repercutan de una forma real en la formación y vida diaria de cada generación, pues esto permite que se acepte y reconozca que las problemáticas no son de hoy, si no de hace mucho tiempo atrás. 

Tal opinión se complementa con la exigencia más marcada en el eje de Paz y Post-Conflicto, en la que los participantes señalaron que “los ejercicios de memoria son claves para mantener vivo el espíritu de quienes han acompañado históricamente el proceso social de paz. Esta multiplicidad de ejercicios deben brindar acciones que permitan el reconocimiento de los actores responsables y que impida la impunidad”. 

En cuanto a este tema también resonó en la Asamblea la consigna de que “la sociedad civil no puede seguir siendo un actor pasivo en los diálogos”. Así, la paz no debe ser un proceso de propaganda, sino un proceso integral de transformación social en el que los actores armados tienen que escuchar a la población civil y conocer de primera mano la visión de las comunidades. Como los conflictos son vividos por las regiones, es allí donde se deben priorizar los diálogos de paz, que además, gracias a la participación activa de las mujeres en la asamblea, también se leyeron en términos de la reparación y erradicación de las violencias basadas en género. 

En este sentido, la Asamblea también señaló que uno de los retos es dejar de asumir que por estar en un Gobierno “aliado” el movimiento social, campesino y popular pueda descuidar su capacidad de movilización, si no, por el contrario, que “con todas las fuerzas de los vientos del sur” se salude y organice nuevamente en una fuerza movilizadora en las calles del país. 

En la Declaración Política que surgió al finalizar la jornada, que pretende llegar a instancias gubernamentales para noviembre de 2024, se exhorta a dicho Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a fortalecer su propuesta de paz total con cambios, transformaciones y  participación de las comunidades del movimiento social; a no  permitir que los factores de poder de la oligarquía impongan su visión militarista en el país; a dar pasos concretos para el desmantelamiento del paramilitarismo y a retomar los acuerdos con los diferentes sectores y procesos sociales, rurales y urbanos construidos en el marco del Estallido Social 2021.